Registro de nuestra Consultora en la CMF (ex SVS) como I.C. y Auditores Externos.

A contar del 19 de febrero 2018, nuestra Consultora Fuenzalida Auditores y Consultores SPA y los Socios Salomón Fuenzalida Infante y Eugenio Fuenzalida Soriano;  están registrados como I.C. y Auditores Externos en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF ) ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-channel.html

 

 

AUDITORÍA: EEFF, INTERNA, EXTERNA, TRIBUTARIA Y DE GESTIÓN.

Asesorías Tributarias, Auditorias
Fuenzalida Auditores e Ingenieros Consultores SPA

Auditoria y Control Interno.

 Auditorias  de EEFF, Auditoría Interna, Externa a organizaciones Segmentos PYMES, Grandes Empresas, Instituciones sin fines de lucro, Fundaciones y Comunidades.

Evaluación  del Control Interno.

– Nuestros   profesionales que realizan la revisión y evaluación de estructuras de  control interno de las empresas son capaces de identificar debilidades y  oportunidades de mejoras, mediante modelos de Negocios.

– Análisis  de Riesgo en cuanto a rentabilidad económica, donde el experto utiliza  herramientas metodológicas e informáticas que facilitan y agilizan el análisis  y la elaboración de conclusiones.

Revisiones especiales.

Apoyamos a las empresas en revisiones de cuentas, análisis de cuentas especiales, inventarios, control de stock, sistemas de costeo, procesos.

Creación  de Manuales de Políticas y Procedimientos.

– Se  cuenta con una vasta experiencia en la elaboración de manuales de Procedimientos en distintos tipos de industrias y procesos, con el objetivo de  establecer el punto de partida, el cual será el soporte para llevar a cabo los  cambios de manera inmediata y la verificación de la efectividad, eficacia,  eficiencia y economía en el proceso.

Asesorías Tributarias / Precios de Transferencias.

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Somos una Consultora de profesionales certificados y con experiencia en las áreas Tributaria, Auditoría, Finanzas y del Derecho.

Ofrecemos asesorías en materias de:

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Centro de Estudios Superiores Oriente
Asesoría y Capacitación Reforma Tributaria
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Estimados (as), impartiremos Curso Contabilidad e Impuestos para PYMES

Este programa tiene por objetivo proveer a los participantes de conocimientos y competencias de conceptos, aplicaciones Contables, Finanzas e Impuestos.

DIRIGIDO A: Este curso está orientado a todos aquellos profesionales dependientes e independientes, ejecutivos, administrativos y/o empresarios ligados a la contabilidad de empresas.

MÓDULO I

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SALOMÓN FUENZALIDA INFANTE: Contador Auditor. Lic. en Ciencias de la Administración (Ing. Comercial). Magister P.D. Tributaria, Universidad Mayor. Magister G.E. IEDE Escuela de Negocios Universidad Europea de Madrid, Universidad Andrés Bello. Postítulo Administrador de RRHH, Universidad Católica del Norte. Certificate “International Business Management”, Georgetown University, Washington D.C., USA. Diplomado en Tributación FEN Universidad de Chile. Diplomado, Reforma Tributaria: Tributación de Rentas Empresariales (148 hrs.)Thomson Reuters. Programa Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), Universidad Adolfo Ibáñez. Curso Reforma Tributaria 2014 Ley 20.730 y 20.899 INDEP Colegio de Contadores de Chile.

EXPERIENCIA DE 30 AÑOS: En Contabilidad, Tributaria, Auditoria, Recursos Humanos, Administración y  Finanzas, ocupó cargos de Contador, Jefe de Contabilidad, Gerente de Administración y Finanzas en importantes empresas de la Región Metropolitana y Puerto Montt, en los rubros comercial, industrial, servicios, vitivinícolas, salmoneras, procesadoras de productos del mar. Docencia en Educación Superior y Relator de cursos de capacitación.

Salomón Fuenzalida Infante, Socio Consultor Fuenzalida Auditores y Consultores SPA
Salomón Fuenzalida Infante, Socio Consultor Fuenzalida Auditores y Consultores SPA

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FORMA DE DETERMINAR EL FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES, HASTA EL AÑO 2016, RESPECTO DE LOS FONDOS DE INVERSIONES PRIVADOS.

Cursos Contabilidad
RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 14, LETRA A) – LEY N° 20.712, ART. 10 TRANSITORIO – OFICIO N° 699, DE 2006. (Ord. Nº 1602, de 02-08-2018)
FORMA DE DETERMINAR EL FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES, HASTA EL AÑO 2016, RESPECTO DE LOS FONDOS DE INVERSIONES PRIVADOS.

Se ha recibido en esta Dirección Nacional, su presentación indicada en el antecedente, mediante la cual solicita un pronunciamiento sobre la forma de determinar el Fondo de Utilidades Tributables hasta el año 2016, respecto de los Fondos de Inversiones Privados (FIP).

I.-  ANTECEDENTES:

Señala que existen interpretaciones disímiles en lo que se refiere a la forma en que los FIP regulados por la antigua Ley N°18.815 y luego por la Ley N° 20.712, debían llevar su registro de Fondo de Utilidades Tributables (FUT) hasta el 31 de diciembre de 2016, existiendo dos hipótesis sobre la materia.

Algunos plantean a este respecto, según indica, que en el FUT se debían considerar todas las utilidades percibidas o devengadas por los FIP, incluyendo tanto los resultados propios generados producto de ganancias de capital, intereses y cualquier otra renta o cantidad afecta al Impuesto Global Complementario (IGC) o al Impuesto Adicional (IA), como las utilidades percibidas de terceros a título de retiros o dividendos de empresas u otros fondos constituidos en Chile.

Sin embargo, y luego de analizar la Ley N° 18.815; la forma de determinar el registro FUT tratándose de contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) –conforme al N° 3, de la letra A), del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), vigente hasta el 31 de diciembre de 2016– y sus implicancias; la Ley N° 20.712; y las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la materia, en opinión del consultante un FIP constituido al amparo de las referidas normas legales debía mantener, por una parte, el control de los beneficios netos percibidos y, por otra, el control de su FUT, al que sólo debían incorporarse las utilidades percibidas de terceros a título de retiros o dividendos de empresas u otros fondos constituidos en Chile, ello, atendido el alcance de las obligaciones tributarias que según la ley afectan a dichos vehículos de inversión y el objetivo de llevar tal registro, que era no era otro que el controlar la asignación de los créditos por IDPC que correspondían sobre los dividendos distribuidos por los FIP, y que posteriormente podían ser imputados por los aportantes del mismo, en contra del IGC o IA, que pudiere afectarles.

Por lo anterior, expresa, no debían considerarse dentro del FUT las utilidades generadas directamente por el FIP producto de ganancias de capital, intereses u otras rentas percibidas o devengadas por el mismo.

Agrega, asimismo, que dicha distinción es relevante, pues permite determinar el correcto saldo que debe tenerse en cuenta para efectos de imputar las distribuciones de dividendos y su tratamiento tributario, sea que se apliquen las normas de la Ley N° 18.815 o de la Ley N° 20.712, y el saldo inicial que debe computarse cuando el FIP sea considerado como sociedad anónima para efectos de la LIR.

Por último, y en base al análisis señalado, el consultante solicita ratificar que el FUT de un FIP regulado por la Ley N° 18.815 y luego por la Ley N° 20.712, se debía determinar hasta el 31 de diciembre de 2016 considerando sólo las utilidades percibidas de terceros a título de retiros o dividendos de empresas u otros fondos constituidos en Chile, y que el remanente de ese mismo registro es el que se incluye como saldo inicial en caso que tal FIP sea considerado como una sociedad anónima para efectos de la LIR, en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 92 de la Ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales, contenida en el artículo primero de la Ley N° 20.712, conocida como Ley Única de Fondos (LUF), o en el inciso segundo, del artículo 10 transitorio de la referida Ley N° 20.712.

II.- ANÁLISIS:

En relación a su requerimiento, el análisis que sigue se centrará en examinar los dos aspectos de carácter general que expone, esto es, la composición y formación del FUT de un FIP, según las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016, y la determinación del saldo inicial en caso que un FIP sea considerado como una sociedad anónima para efectos de la LIR .

1.- Determinación del FUT de un FIP, según las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016.

La letra b), del artículo 1° de la LUF define Fondo como un patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que dicha ley permita, cuya administración es de responsabilidad de una sociedad administradora. Se desprende de la referida definición y de lo dispuesto en el N° 5, del artículo 8° del Código Tributario, que los fondos no son contribuyentes para los efectos de la LIR, ya que no se encuadran dentro del concepto de “contribuyente” que establece el señalado numeral. A igual conclusión era posible arribar considerando la definición de fondo de inversión contenida en el inciso primero, del artículo 1° de la derogada Ley N° 18.815 .

Por consiguiente, los obligados a tributar en relación a las rentas obtenidas por un fondo, son sus aportantes, quienes se afectarán con impuesto en el período en que éste se las distribuya, ya sea que dichas rentas hubieren sido generadas directamente por el fondo o éste las hubiere percibido de terceros.

A dicho respecto, el artículo 32 de la Ley N° 18.815 –que se aplicaba a los FIP por remisión del 41 de la señalada ley– consideraba como dividendo de acciones de sociedades anónimas abiertas el reparto de los beneficios provenientes de un fondo de inversión  y limitaba el crédito por IDPC al monto que representaban los ingresos afectos al referido impuesto percibidos por el fondo, dentro del total de rentas provenientes de sus inversiones. Agregaba dicha norma legal, que era obligación de la sociedad administradora determinar la parte proporcional de los dividendos distribuidos con derecho al crédito referido y que aquella debía poner oportunamente a disposición de los aportantes los certificados correspondientes, de modo que éstos pudiesen dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Si bien dicha norma, ni ninguna otra de la Ley N° 18.815, establecieron expresamente la obligación legal de llevar el registro FUT, este Servicio mediante una serie de instrucciones específicas dispuso la procedencia de tal obligación .

A mayor abundamiento, la obligación en comento sólo fue incorporada expresamente en la ley en la letra b), del N° 1, del artículo 81 de la LUF, aplicable a los FIP por remisión del artículo 86 de dicha ley, normas que entraron en vigencia con fecha 1° de mayo de 2014 y que fueron sustituidas a partir del 1° de enero de 2017 . En efecto, el aludido literal dispuso expresamente que era la administradora, respecto de cada fondo de inversión que administrase, la que estaba obligada a llevar el registro FUT y que en dicho registro, pero en forma separada, debía anotar, además, las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de IGC o IA, de conformidad al artículo 14, letra A), número 3° de la LIR. Lo anterior, y según indicaba dicha norma, para los efectos señalados en la letra f), del N° 1, del referido artículo 81, literal que preceptuaba lo siguiente (el destacado es nuestro):

“En el Fondo de Utilidades Tributables referido en la letra b) anterior, se anotarán todas las rentas o cantidades recibidas de terceros por el fondo de inversión producto de las inversiones que éste haya realizado, ya sea a título de participaciones sociales, dividendos u otras cantidades que se perciban, con indicación del Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a dichas sumas, para los efectos de asignar posteriormente el crédito que corresponda. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

En el registro del Fondo de Utilidades Tributables referido en la letra b) anterior, se anotarán separadamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, letra A), número 3º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las cantidades recibidas de terceros que, conforme a las definiciones de dicha ley, correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del Impuesto Global Complementario. También se anotarán, de la misma forma, los ingresos provenientes de la enajenación de los instrumentos a que se refieren los artículos 104 y 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los que no constituirán renta en la medida que cumplan con los requisitos que se establecen en dichas disposiciones. En este último caso, las pérdidas que se produzcan en la enajenación de dichos instrumentos se rebajarán de los ingresos respectivos.”.

Ahora bien, en el referido contexto normativo resulta indispensable traer a colación el literal i), de la letra a), del artículo 7° transitorio de la Ley N° 20.712, que preceptúa lo siguiente:

“a) Sin perjuicio de la derogación establecida en el artículo cuarto de la presente ley, los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley Nº 18.815, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso anterior, presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declaren:

i) El saldo de beneficios acumulados en el respectivo Fondo, así como el saldo que registre el Fondo de Utilidades Tributables y del crédito establecido en los artículos 56, número 3, y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a las cantidades allí registradas, así como el saldo de las cantidades anotadas, de forma separada, en dicho Fondo de Utilidades Tributables por los ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas que el Fondo haya percibido de terceros de conformidad con lo establecido en el artículo 14, letra A), número 3º de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los saldos y monto del crédito referidos deberán informarse según sus montos a la fecha de vigencia general de la presente ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cuarto de la presente ley, dichas cantidades se afectarán, en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario establecido en la ley Nº 18.815, imputándose al Fondo de Utilidades Tributables o a las cantidades correspondientes a ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas anotadas en dicho registro, según corresponda, con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban y comenzando por las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables que sean gravadas con los impuestos global complementario o adicional, luego aquellas anotadas separadamente en él y que correspondan a ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas y, finalmente, los demás beneficios netos que se repartan. En caso de que dichos fondos hayan dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 11 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los beneficios netos referidos podrán ser distribuidos conforme al tratamiento tributario establecido en dicha disposición a los partícipes sin residencia ni domicilio en Chile, existentes en los fondos con anterioridad a la vigencia general de la presente ley.”.

Lo anterior, por cuanto si bien la citada norma establece un orden de prelación, que dispone separar el FUT determinado hasta el 30 de abril de 2014, de aquel FUT determinado a partir del 1° de mayo de 2014, no efectúa distinción alguna en cuanto a la forma en que debía determinarse dicho registro en uno u otro período, de lo que puede interpretarse, en conjunto con las demás normas señaladas, que en ambos períodos, esto es, tanto bajo la vigencia de la Ley N° 18.815, como de la Ley N° 20.712 (hasta el 31 de diciembre de 2016), el FUT de un FIP debía determinarse en iguales términos.

Apoya la conclusión precedente, esto es, que el FUT debía determinarse considerando sólo los repartos percibidos de terceros (dado que en los períodos aludidos aquel registro se determinaba en iguales términos), el hecho que la norma transitoria en análisis distinga entre cantidades anotadas en el FUT, FUNT y “demás beneficios netos”.

En consecuencia, si a ello se le adiciona el objetivo del registro FUT en comento en los períodos señalados, que no era otro que el controlar los créditos por IDPC asociados a las distribuciones efectuadas por un FIP a sus aportantes, resulta posible afirmar que hasta el 30 de abril de 2014 y a partir del 1° de mayo de dicho año, el FUT de un FIP debió determinarse considerando sólo las utilidades percibidas de terceros a título de retiros o dividendos de empresas u otros fondos constituidos en Chile.

2.- Saldo inicial del FUT en caso que un FIP sea considerado como sociedad anónima para efectos de la LIR, según las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo al artículo 92 de la LUF, si un FIP no diere cumplimiento a los límites establecidos en dicho artículo y en el artículo 91 de la señalada ley, la administradora deberá comunicar este hecho al Servicio, tan pronto tome conocimiento de dicha situación, debiendo regularizar la misma en un plazo de 6 meses contado desde la fecha del incumplimiento. Agrega la norma en comento que si no se regularizase dicha situación en el plazo indicado, el FIP se considerará sociedad anónima y sus aportantes accionistas de la misma para los efectos de la LIR, respecto de los beneficios y utilidades que obtenga a contar del ejercicio comercial en que se hubiere producido el incumplimiento, o bien, a contar de la fecha de su creación, en caso que se trate del primer ejercicio de funcionamiento del FIP, debiendo tributar aquel en la misma forma y oportunidad que establece dicha ley para las sociedades anónimas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 10 transitorio de la Ley N° 20.712, los FIP constituidos al amparo de la Ley N° 18.815, cuyas administradoras no hubieren realizado las adecuaciones dispuestas en el inciso 1° de dicha norma, en el plazo de un año contado desde el 1° de mayo de 2014, se considerarán sociedades anónimas y sus aportantes accionistas de las mismas para los efectos de la LIR, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del ejercicio comercial en que hubiere caducado el señalado plazo, esto es, a contar del ejercicio comercial 2015, los que deberán tributar en la forma y oportunidad que establece dicha ley para las sociedades anónimas.

En este sentido, corresponde hacer presente que, considerando las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016 y ya se hubiere aplicado lo dispuesto en el artículo 92 de la LUF o en el artículo 10 transitorio de la Ley N° 20.712, el saldo del FUT que un FIP tenía al término del ejercicio comercial previo al del incumplimiento o hasta el 31 de diciembre de 2014, no ha de considerase como saldo inicial del FUT que aquel, ahora en su carácter de sociedad anónima (para efectos de la LIR), debía llevar a contar del ejercicio comercial en que se hubiere producido el incumplimiento o contar del 1° de enero de 2015, por cuanto aquello implicaría someter beneficios y utilidades obtenidas con anterioridad a las fechas indicadas en las referidas disposiciones a la tributación propia de una sociedad anónima. Lo mismo acontece con el remanente de beneficios netos percibidos acumulados al término del ejercicio comercial previo al del incumplimiento o hasta el 31 de diciembre de 2014.

De todo lo anterior, es posible desprender que, si bien el FIP conserva la naturaleza jurídica de tal, tributariamente se produce una escisión a partir del ejercicio comercial en que se hubiere producido el incumplimiento o a partir del 1° de enero de 2015, en virtud de la cual los beneficios y utilidades obtenidos por aquel deberán someterse a la tributación propia de un FIP o de una sociedad anónima dependiendo de si los mismos fueron obtenidos con anterioridad o a partir de dichas fechas.

III.- CONCLUSIONES:

En base al análisis efectuado, y considerando sólo los antecedentes que reseña en su presentación, se indica lo siguiente:

a) Hasta el 31 de diciembre de 2016, el registro FUT de un FIP debió determinarse considerando sólo las utilidades percibidas de terceros a título de retiros o dividendos de empresas u otros fondos constituidos en Chile, a efectos de llevar el control de los créditos por IDPC a que tienen derecho los aportantes. Lo anterior, sin perjuicio del adecuado control de los demás beneficios netos percibidos por el FIP, entre los cuales debieron considerarse las utilidades obtenidas directamente por aquel.

b) Considerando las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016 y ya sea que se hubiere aplicado lo dispuesto en el artículo 92 de la LUF o en el artículo 10 transitorio de la Ley N° 20.712, el saldo del FUT que un FIP tenía al término del ejercicio comercial previo al del incumplimiento o hasta el 31 de diciembre de 2014, no ha de considerase como saldo inicial del FUT que aquel, ahora en su carácter de sociedad anónima (para efectos de la LIR), debía llevar a contar del ejercicio comercial en que se hubiere producido el incumplimiento o a contar del 1° de enero de 2015. Lo mismo acontece con el remanente de beneficios netos percibidos acumulados al término del ejercicio comercial previo al del incumplimiento o hasta el 31 de diciembre de 2014. La tributación de las referidas cantidades deberá regirse por las normas propias de los FIP y no por la de las sociedades anónimas. En consecuencia, sólo tributarán de acuerdo a las reglas de las sociedades anónimas, los beneficios y utilidades que se obtengan a contar del ejercicio comercial en que se hubiere producido el incumplimiento, o bien, a contar de la fecha de su creación, en caso que se trate del primer ejercicio de funcionamiento del FIP.

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 1602, de 02.08.2018
Subdirección Normativa
Dpto. de Impuestos Directos

Precisando el debate en torno al ilícito que sanciona al asesor tributario en el artículo 100 bis del Código Tributario

Elusión

“…La postura clásica de la doctrina en Chile señala que en esta materia rige el principio de culpabilidad, por lo que es a propósito del examen del injusto que resulta relevante el análisis de los elementos subjetivos y, al respecto, no parecen haber objeciones. Así, no se vislumbra en este punto el problema de constitucionalidad señalado…”

Miércoles, 25 de julio de 2018 a las 9:49

Mediante la Ley N° 20.780 se incorporan dos normas generales antielusión al Código Tributario: el abuso de las formas jurídicas y la simulación, reguladas en los artículos 4° ter y 4° quáter, respectivamente. Asimismo, se introduce una figura infraccional en el artículo 100 bis del mismo Código, que tiene como sujeto activo a quien diseñe o planifique actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación. Dicha norma que dispone que “[l]a persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, 4° quinquies y 160 bis de este Código, será sancionado con multa de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar dichas conductas indebidas, y que se determinen al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales”.

En los últimos días se ha sugerido al Gobierno derogar el ilícito del artículo 100 bis, ya que sería inconstitucional al sancionar a quien asesora al contribuyente en la búsqueda de un ahorro impositivo no evasivo y en el que no existe ánimo de defraudar. Al respecto, se hace necesario realizar ciertas precisiones para enfocar de manera correcta la discusión.

Efectivamente las normas generales antielusión chilenas prescinden de elementos subjetivos; sin embargo, esta circunstancia no es óbice para establecer una sanción administrativa asociada a comportamientos abusivos o simulados. Ello, por cuanto las figuras de los artículos 4° ter y 4° quáter persiguen que la obligación tributaria se determine correctamente y no buscan sancionar al contribuyente. Por lo demás, el artículo 4° bis del Código Tributario a contrario sensu presume la mala fe de este cuando tiene aplicación una cláusula general antielusiva.

Sin perjuicio de lo anterior, la infracción del artículo 100 bis ha de cumplir con las exigencias propias del Derecho Administrativo Sancionador. La postura clásica de la doctrina en Chile señala que en esta materia rige el principio de culpabilidad, por lo que es a propósito del examen del injusto que resulta relevante el análisis de los elementos subjetivos y, al respecto, no parecen haber objeciones. Así, no se vislumbra en este punto el problema de constitucionalidad previamente señalado.

A continuación, es preciso indicar que pese a que el legislador considera que la simulación es un supuesto de elusión, su naturaleza jurídica es evasiva, debido a que en todas las hipótesis contempladas en el artículo 4° quáter el hecho gravado se ha verificado, pero el contribuyente disimula su configuración, la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento. Por tanto, en el caso de que los actos, contratos o negocios sean calificados como simulados, el ilícito del artículo 100 bis sanciona no a quien tiene una diferencia de interpretación de las normas impositivas con la administración, sino a quien posibilita la violación directa de las disposiciones tributarias, razón por la cual en este punto tampoco se vislumbra el problema de constitucionalidad apuntado.

Para concluir, resta examinar el ilícito del artículo 100 bis en la hipótesis que sanciona al asesor tributario cuando ha diseñado o planificados actos, contratos o negocios constitutivos de abuso de las formas jurídicas, figura esta última que corresponde a lo que tradicionalmente se conoce como elusión fiscal.

Desde una perspectiva internacional es posible constatar que la OCDE en su trabajo “Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” —y de manera incipiente también en el Study into the Role of Tax Intermediaries—, considera que la sanción a los promotores de mecanismos fiscales agresivos es una de las estrategias que existen para combatir la elusión fiscal. La regulación nacional recoge esta idea en el artículo 100 bis, con lo cual Chile se une a la lista de Estados que contemplan en sus ordenamientos jurídicos una infracción administrativa en los supuestos en que ha tenido aplicación una norma general antielusión. A nivel comparado, el sujeto activo de estas infracciones es solo el contribuyente, como ocurre en España, pero, además, puede existir un segundo ilícito que castiga a su asesor tributario, lo que sucede, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Centrando ahora la mirada en el ordenamiento chileno, cabe señalar que uno de los presupuestos de aplicación del abuso de las formas jurídicas consiste en que “se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado”, por lo que se está ante una violación indirecta de la norma impositiva. En atención a ello resulta fundamental establecer la naturaleza jurídica de esta cláusula general antielusión, debido a que si el abuso no es una regla interpretativa —como pareciera dar cuenta el informe Aaronson— y se inserta en la esfera de la integración de las normas, habrá que realizar dos análisis de constitucionalidad: el primero, para determinar si el artículo 4° ter es compatible con el principio de legalidad tributaria y, si esto es así, el segundo examen implicará precisar si es acorde con los principios del Derecho Administrativo Sancionador la circunstancia de que uno de los elementos típicos del ilícito del artículo 100 bis tenga naturaleza integradora, ya que, de no serlo, resultará inconstitucional cualquier infracción que en su regulación contemple al abuso.

* María Pilar Navarro Schiappacasse es doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria por la U. Adolfo Ibáñez.

http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2018/07/25/Precisando-el-debate-en-torno-al-ilicito-que-sanciona-al-asesor-tributario-en-el-articulo-100-bis-del-Codigo-Tributario.aspx

 

Se otorgarán facultades especiales a la CMF y se abre una ventana para que el SII requiera información sobre las cuentas de los clientes.

Finalmente salió humo blanco y el proyecto que moderniza la legislación bancaria entrará en terreno para ser despachado.
Después de dos meses de análisis entre los técnicos del gobierno y la oposición, se llegó a un acuerdo intermedio para que dos entidades, el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tengan acceso a información de las cuentas de los clientes en casos acotados.
El acuerdo incluye eliminar el artículo aprobado por la Cámara de Diputados que reconocía la “presunción de interés legítimo y no previsibilidad de daño patrimonial” para el acceso a las cuentas de ambos organismos.

En el caso del SII la propuesta establece una excepción en el procedimiento general y podrá solicitar directamente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) una autorización para “omitir la notificación cuando el SII solicite información, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, o para dar cumplimiento a un requerimiento efectuado por una autoridad competente de otra jurisdicción”. Ello procederá en dos casos: cuando la información se requiera con urgencia; y/o cuando la notificación al titular pueda dañar el curso de la investigación.

No obstante, se mantiene la posibilidad de que el TTA rechace la solicitud.

Resol. 51 SII 20 junio 2017, DDJJ Precios de Transferencias.

Precios de Transferencias

MATERIA: ACTUALIZA RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 126, DE 27.12.2016, EN LO QUE DICE RELACIÓN CON LOS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, ATENDIDA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 41 D Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 E, AMBOS DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA, EFECTUADAS POR LA LEY N° 21.047.

SANTIAGO, 20 DEreso51 20 06 2018 Precios de Transferencias JUNIO 2018

reso51 20 06 2018 Precios de Transferencias

Consultas.

Salomón Fuenzalida Infante

Contador Auditor – Magister PD Tributaria

salomon@fuenzalidacontadores.cl

+56 9 93690975

Javier Nuñez Bonilla

Contador Auditor – Experto en PT